Vinculan otras 17 personas a caso indaga presunta delincuencia organizada en Ecuador – El Nuevo Diario (República Dominicana)
Fiscalía General de Ecuador. (Foto: fuente externa)
EL NUEVO DIARIO, QUITO.- La Fiscalía General del Estado vinculó a otras diecisiete personas -en calidad de autores- a la causa en la que se investiga el delito de presunta delincuencia organizada en Ecuador, con lo que asciende a 31 el número de procesados en el caso.
Entre los nuevos procesados figura Cristian R., como «presunto líder de la estructura delincuencial, y a jueces de la Corte Provincial de Santo Domingo», indicó este lunes el Ministerio Público en un comunicado.
El juez Manuel Cabrera acogió el pedido de Fiscalía y dictó prisión preventiva para catorce, mientras que, para otros dos, arresto domiciliario y uso de dispositivo electrónico por ser adultos mayores.
Además, para una vinculada -por su estado de gestación- dispuso prohibición de salida del país y presentaciones periódicas.
La decisión incluye la retención de cuentas para todos los procesados por un monto de un millón de dólares, dividido de forma proporcional para todos los vinculados.
En principio, esta causa estaba a cargo de la Fiscalía Provincial de Pichincha. No obstante, la investigación -a través de testimonios anticipados y cooperaciones, cotejados con los elementos de convicción recabados- determinó que también habrían participado jueces que son sujetos de fuero de Corte, por lo que el caso pasó a la Fiscalía General.
Durante la audiencia de vinculación, el Ministerio Público expuso su teoría del caso, en la que individualizó la participación de cada uno de los vinculados y relató que desde el año 2022 «se empezó a gestar una estructura criminal liderada por el hoy vinculado Cristian Giovanny R. M., quien tuvo como coidearios a sus colegas Lenin Javier V. y Hugo Alexander L. H. (ya procesados)», anota.
Los 31 procesados habrían sido parte de dicha estructura, dedicada a captar a personas privadas de libertad sentenciadas o con prisión preventiva -por asesinato, tráfico de drogas, violación, entre otros- para ofrecerles recuperar su libertad, de forma ilegítima, mediante acciones constitucionales que se tramitaban en las provincias de Santo Domingo, Azuay, Chimborazo y Pichincha.
Estas acciones incluían la adulteración de certificados médicos y la construcción de arraigos falsos para otorgar libertad a miembros del grupo de delincuencia organizada (GDO) «Los Lobos».
Por estos «favores», se ofrecían a cambio altas sumas de dinero que, a su vez, eran negociados con jueces y secretarios judiciales, a fin «de obtener sorteos directos en dichas acciones constitucionales, y cuyas resoluciones habrían derivado en la libertad de los procesados», reza un escrito de la Fiscalía.
La fiscal general del Estado, Diana Salazar, presentó más de 33 elementos de convicción que dan cuenta de las intenciones de los hoy vinculados, de desnaturalizar el sistema de justicia, mediante la perpetuación de delitos, a cambio de réditos económicos, como cohecho agravado, tráfico de influencias y concusión.
Además, «prevaricato, enriquecimiento ilícito, lavado de activos y oferta de realizar tráfico de influencias, desarrollados dentro del tráfico cotidiano de la justicia ecuatoriana», detalla.
Los diecisiete vinculados se suman a las catorce que ya eran procesadas desde el pasado 4 de abril del año en curso.
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