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Presidente de la SCJ es acusado de prevaricación y usurpación de poderes por parte del CARD

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Colegio de Abogado de la República Dominicana (CARD)  depositó este martes una querella penal ante la Procuraduría General de la República en contra del presidente de la Suprema Corte de Justicia y presidente del Consejo del Poder Judicial, Luis Henry Molina, a quien acusa de ser “autor intelectual y material del crimen de prevaricación, usurpación de funciones, denegación de justicia, abuso de poder y coalición de funcionarios.

De acuerdo a la institución que agrupa a los profesionales del país dichas infracciones están sancionadas por los artículos 114, 123, 124, 125, 126, 127 y 185 del Código Penal.

La querella fue depositada por el presidente del gremio que agrupa los abogados, Miguel Surún Hernández, en compañía de una comisión de juristas.

Hernández denunció que Luis Henry Molina en su condición de presidente del Consejo del Poder Judicial, mediante resoluciones ha pretendido modificar el procedimiento de enjuiciamiento Dominicano, usurpando funciones del Congreso Nacional, manteniendo la justicia en virtual cierre, privando a todos los Dominicanos de acceso a la Justicia, derecho contemplado en la Constitución de la República.

Sostuvo que el presidente de dicho Consejo también ha cometido abuso de poder, “cambiando todo el sistema de justicia mediante la modificación de la estructura de administración de justicia consagradas por Ley, degradando jueces, eliminando jerarquía judicial, eliminando las jurisdicciones especializadas, en franca violación a la Ley de Carrera Judicial, vulnerando la independencia de los jueces, destruyendo su soberanía, obligándoles a no acudir a los tribunales a administrar justicia, prohibiéndoles tocar los expedientes”.

La querella agrega  que Molina también está destruyendo el sistema secretarial de depósito de demandas y documentos, establecidos en la Ley 821 de organización judicial, tornando la justicia  infuncional, con lo cual pretende crear un caos para desestabilizar el sistema jurídico nacional, la economía y la paz social.

El presidente del CARD declaró que se trata de un complot para destruir la Justicia imposibilitando el régimen de consecuencias lo que es grave, pues una Justicia que desacata sus propias decisiones pierde toda calidad ante la sociedad.

 

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