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El Kremlin tacha de «absurda» orden de arresto contra Shoigú y jefe del Estado Mayor ruso – El Nuevo Diario (República Dominicana)


El exministro de Defensa ruso Serguéi Shoigú, y el actual jefe del Estado Mayor del Ejército, Valeri Guerásimov. Fuente externa y de archivo.

EL NUEVO DIARIO, MOSCÚ.- El Kremlin tachó este miércoles de «absurda» la orden de arresto dictada contra el exministro de Defensa ruso Serguéi Shoigú, y el actual jefe del Estado Mayor del Ejército, Valeri Guerásimov, por crímenes de guerra en Ucrania.

«Las considero bastante absurdas, al igual que las anteriores dos órdenes que afectaban al jefe del Estado y a nuestro Defensor de los Derechos del Niño», dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, durante su rueda de prensa telefónica diaria.

Peskov recordó que Rusia no reconoce «la jurisdicción» de la Corte Penal Internacional (CPI) que impartió el martes desde La Haya las órdenes de arresto.

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«No somos miembros del correspondiente estatuto. En consecuencia, no reconocemos esas órdenes», dijo.
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El Kremlin mantiene la misma postura respecto al CPI desde que la corte dictara en marzo de 2023 órdenes de arresto contra el presidente, Vladímir Putin, y la Defensora de los Derechos del Niño, María Lvova-Belova, por supuestos crímenes de guerra en Ucrania.

Moscú, que recuerda que no es firmante del Estatuto de Roma, el tratado fundador del CPI, abrió causas penales contra los jueces del tribunal.

En marzo pasado también rechazó el arresto internacional contra el teniente general de la Fuerza Aérea rusa Serguéi Kobilash y el almirante Víctor Sokolov, excomandante en jefe de la Flota Rusa del Mar Negro.

La CPI aprobó el martes las órdenes de detención contra Shoigú y Guerásimov por cometer crímenes de guerra entre octubre de 2022 y marzo de 2023 al “dirigir ataques a objetivos civiles y por causar daños colaterales excesivos a civiles y objetos civiles”, así como de un crimen de lesa humanidad por “actos inhumanos” definidos en Estatuto de Roma.

También vio «motivos razonables» para creer que «los presuntos ataques estaban dirigidos contra objetos civiles, y que para aquellas instalaciones que podrían haber calificado como objetivos militares en el momento relevante, el daño colateral esperado a civiles y bienes civiles habría sido claramente excesivo en comparación con la ventaja militar anticipada».

 



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