Congresistas expresan disposición de revisar y modificar Ley de Tránsito 63-17 – El Nuevo Diario (República Dominicana)
El Congreso Nacional. (Foto: Fuente externa)
EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Tras el caso en el que murió atropellado el hijo del presidente de la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) el diputado del partido Fuerza del Pueblo (FP) y proponente de la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, Tobías Crespo, expresó que no se opone a la modificación de la legislación que proponen algunos sectores.
Otros legisladores también se mostraron a favor de que la pieza sea revisada y de ser necesario, modificada.
Crespo aseguró que la pieza contempla agravantes que podrían .conllevar a la pena mayor y que vía el Código Penal, también se puede lograr condena si se demuestra que el hecho en cuestión, se trató de un homicidio involuntario.
Asimismo, sostuvo que «dejar abandonada a la víctima es una de las seis agravantes que está fuera del artículo 304, que permite que la víctima o la defensa de la víctima o el Ministerio Público, porque esto es de orden público y es penal, pueda pedirle al juez una pena más agravada hasta el máximo».
El legislador agregó que si el Ministro Público o el abogado tiene la sagacidad de demostrar con las agravantes que hubo una intención de afectar la vida o la salud de esa persona, en vez de tomar el artículo 303 y 304 de la Ley 63-17 puede irse al Código Penal, pero tiene que demostrar que fue un asesinato, un homicidio no culposo ni involuntario, sino intencional.
El diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM) Ramón Bueno, consideró que la normativa vigente debe ser vista y revisada por la Comisión de Justicia.
En esa misma línea se pronunció el diputado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Sócrates Pérez, tras indicar que la Ley debería ser revisada, ya que entiende que en caso del abandono de víctimas debería ser más drástica.
El presidente de Adocco, Julio César de la Rosa, abogó por la modificación de la nueva ley de tránsito bajo el argumento de que tres años no es pena suficiente cuando existen tantos agravantes como los que habría cometido la venezolana que atropelló mortalmente a su hijo.
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