Director del CEA dice plazo otorgado por presidente Abinader es para regularizar terrenos del Estado

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El director honorífico, del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) y director General de Bienes Nacionales, Rafael A. Burgos Gómez, reveló que el plazo de dos meses que le dio el presidente de la República, Luis Abinader, es para regularizar y darles transparencia a los contratos que le corresponde al Poder Ejecutivo para autorizar las ventas.

“Algunos serán revisados, serán chequeados, aquellos que le falta documentación, aquellos que tengan algún vicio de irregularidad serán revisados, y serán llamados los beneficiarios y entonces ver en la mesa la situación de cada caso”, aseguró Burgos.

Estas informaciones fueron dadas a conocer en una entrevista exclusiva al director de El Nuevo Diario, Persio Maldonado, en la que argumentó que, en torno a los 16 mil contratos pendientes en ser remitidos al Congreso, tienen 501 contratos grandes, los cuales se encuentran en estado irregular.

Asimismo, el funcionario explicó que para mandar dichos contratos al Congreso de la República tienen que pasar por la Comisión de Justo Precio y luego por la aprobación de otro consejo el cual se integran varios sectores del país, ambos consejos encabezados por el ministro de Hacienda, sin embargo, estos no han pasado el proceso.

Además, reveló que algunos casos que no pasen de 200 salarios es facultad del mandatario dominicano, mediante un poder, autorizar la venta. No obstante, a partir de los 200 salarios solo tiene el poder de autorizarlo el Congreso Nacional y luego el CEA firma la documentación.

Dijo que lo anterior sucede previo al pago al precio del mercado, con una tasación del Castrato Nacional, “entonces a partir de ahí hay muchos contratos que tienen muchas dificultades que en la Comisión la vamos a revisar” afirmó.

El director del CEA, advirtió que aquellos que no compraron de buena fe se darán a conocer, porque hay muchos casos de personas que se aprovecharon de la influencia de poder.

Del mismo modo, indicó que las propiedades adquiridas a un precio injusto se tienen que corregir, porque el Estado no puede perder su patrimonio.

“Aquellos que compraron de buena fe y aquellos que compraron de mala fe se van a conocer, porque hay muchos casos de gente que se aprovecharon de la influencia. Y una propiedad que vale 34, 35 mil pesos apenas está tasada en 2 mil y 3 mil pesos, dijo que eso hay que corregirlo, porque el Estado no puede perder su patrimonio”, así lo manifestó Burgos Gómez.

Alegó que eso se realizará siempre con el principio de proteger la seguridad jurídica, porque mucha gente también compró de buena fe y pagaron el justo precio, pero han sido afectado por la situación que ha estado ocurriendo en el Consejo Estatal del Azúcar.

Declaró que los compraron normalmente. Legalmente se les respetará sus derechos y que aquellos que necesiten rehabilitar y reorganizar los expedientes los llamarán y a trabajarán con ellos, siempre y cuando no hayan cometido abusos.

Burgos aseveró que, al día de hoy, al cumplir su gestión un año, en el CEA no existe corrupción.

Por otro lado, el funcionario público aseveró que, al día de hoy, al cumplir su gestión de un año, en el CEA no existe corrupción.

En cuanto al Consejo Estatal del Azúcar, dijo que buscan transparentar las operaciones de esa entidad, especificando que, lo revisado hasta ahora es lo que la ley permite, porque existen otras décadas de las que no pueden hacer nada.

De la misma manera, manifestó que en el CEA están trabajando en recuperar 250 mil tareas, las cuales serán endosadas al Ingenio Porvenir, de las cuales han recuperado de ocho a 10 mil tareas que ya se están sembradas de caña de azúcar. Indicó que el Gobierno quiere expandir la producción azucarera en San Pedro con el Ingenio Porvenir, empresa creada desde el 1939, la cual ha pertenecido al Estado dominicano.

También reveló que, probablemente, el Gobierno disponga de la tierra del Ingenio de Monte Llano para asentar a alrededor de unos 800 exmiembros de los ingenios Porvenir y el de Monte Llano a quienes no se le completó la deuda social.

Censo de Bienes Nacionales es para recuperar y controlar las riquezas del Estado

En otro orden de ideas, el director general de Bienes Nacionales, Rafael A. Burgos Gómez, durante la entrevista dio a entender que el censo que realizará dicha institución será para recuperar y controlar las riquezas que posee el Estado dominicano.

Relató que, Bienes Nacionales es la institución que por ley tiene que conservar y proteger el patrimonio del Estado, “eso lo establece la ley del 48, que es muy buena, porque es una ley del fundamento del capitalismo, del fundamento de conservar los patrimonios, precisamente para cuando tengan que coger prestamos”.

Rafael Burgos sostuvo que esa ley le da un mandato a su institución de proteger el patrimonio, no importa el bien que sea, si es del Estado dominicano sin importar que esté debajo de la tierra, en la superficie, en mano del tercero, que esté en la institución que sea.

Respecto al censo de los Bienes Nacionales dijo que tienen recolectadas un 48 por ciento de todas las instituciones que tiene el Estado dominicano, las cuales corresponden al Gobierno central y de las instituciones descentralizadas que suman un número de 724 entidades.

El funcionario explicó respecto al proceso de recolectar las informaciones de los bienes, que le pasa un formulario a cada una de las instituciones del Gobierno central y descentralizados (como: ayuntamientos, ministerios, etc.) en el que se le piden varios datos específicos respecto a lo que poseen, para así rendirle informe. Igualmente comunicó que se han designado 34 comisiones que revisarán todas las informaciones para saber si corresponden con los datos ofrecidos.

En tanto, externó que «son tantas las riquezas que tiene el Estado dominicano que no sabe lo que tiene».

Afirmó que estarán calculando los precios de los materiales preciosos como las reservas de; oro, sal, tierras raras, entre otras. Asimismo, apuntó que en su gestión han inventariado para recuperación, (aparte de las que tienen contratos de concepciones), 850 minas.

Dijo que el inventario conduce a recuperar y controlar mediante un sistema satelital cada mina.

“Tú tienes una finca con una mina, tú tienes el derecho a un feed, pero el Estado tiene el derecho a cobrar el impuesto que corresponde por la extracción de un metro cúbico de material minero, el que sea dependiendo el tipo de precio”, externó Burgos.

Argumentó que nada de eso se había hecho y están avanzado.

Finalizó diciendo que espera que dentro de tres meses, a partir del anuncio que hizo el presidente, dar el primer boletín del censo, así como al final de año, tener completado el 100 por ciento y empezar a digitalizar las informaciones en diferentes programas de software, en la segunda fase.

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